Programa Ejecutivo en Delitos contra la Administración Pública

Esta unidad establece el marco dogmático fundamental para el análisis penal. Se profundiza en la Administración Pública como bien jurídico protegido y se analiza la naturaleza de los delitos de infracción de deber, una categoría esencial para comprender la responsabilidad del funcionario.
El programa aborda con rigor los criterios de autoría y participación, el grado de desarrollo del delito (tentativa y consumación) y las reglas específicas sobre la prescripción de la acción penal, proporcionando al participante las herramientas necesarias para determinar la viabilidad de la persecución penal en casos de corrupción.

En este bloque se realiza un análisis exhaustivo de los tipos penales que afectan el correcto funcionamiento del Estado. En el primer módulo, se examinan delitos de abuso de poder como el abuso de autoridad, el incumplimiento de funciones y la colusión o negociación incompatible, figuras clave en la contratación pública.
El segundo módulo se enfoca en la afectación directa del patrimonio estatal, analizando las diversas modalidades de peculado (doloso, culposo, de uso y por extensión), así como la malversación de fondos y el patrocinio ilegal. Se prioriza la identificación de los elementos típicos y las conductas que configuran estas infracciones en el ejercicio de la función pública. El programa también profundiza en delitos de alta complejidad como el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, proporcionando criterios jurisprudenciales actualizados para la probanza de estas conductas. El enfoque permite comprender la red de responsabilidades que se tejen tanto a nivel nacional como transnacional.

Al cierre se vincula el derecho penal con los mecanismos de control y prevención modernos. Se analiza el delito contra la administración pública como delito precedente del lavado de activos y la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en actos de colusión.

El aprendizaje se consolida a través del análisis de casos emblemáticos de corrupción nacional e internacional y la valoración técnica de los informes de control, herramientas fundamentales para la detección de irregularidades y la construcción de la teoría del caso en procesos judiciales.